Sobodaycom queda bajo presión por regalías impagas

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Músicos bolivianos cuestionan el cobro por uso de obras y Senapi abrió auditorías para revisar la distribución de recursos

La música boliviana entró en una discusión incómoda, pero necesaria: quién cobra por las canciones, cómo se reparte ese dinero y por qué varios de sus propios creadores aseguran no recibir regalías. En los últimos días, la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música, conocida como Sobodaycom, quedó en el centro de una controversia pública luego de que artistas como Luis Vega, Bonny Love, Wally Zeballos, Alejandro Delius y Élmer Hermosa cuestionaran la falta de pagos por la difusión de sus obras.

La entidad se presenta como una sociedad de gestión colectiva sin fines de lucro, autorizada para recaudar, administrar y distribuir derechos generados por la ejecución pública de música nacional y extranjera. El problema estalló porque, mientras Sobodaycom cobra a locales, eventos, discotecas, restaurantes, gimnasios y otros espacios por el uso de canciones, varios autores sostienen que ese dinero no se refleja en sus cuentas o no llega con la transparencia que esperan.

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Sobodaycom enfrenta presión pública tras denuncias

De acuerdo con la Ley 1322, los ingresos recaudados deben distribuirse en un 70% para autores y compositores de las obras utilizadas, mientras que el 30% restante puede ser retenido por la entidad administradora para gastos operativos. Ese reparto, que en teoría debería ordenar la cadena de cobro y pago, ahora es precisamente el punto bajo revisión pública.

Cobros, UDA y una preocupación que crece entre los músicos

La Agencia Boliviana de Información reportó que Sobodaycom recaudó Bs 7.168.658,13 en su última gestión por derechos de autor en el ámbito nacional e internacional. El sistema de cobro se calcula a partir de la Unidad de Derecho de Autor, cuyo valor referencial es de Bs 110, y las tarifas varían según el tipo de actividad, el tamaño del establecimiento y la forma en que se utilice la música.

En esa ruta aparecen pagos para eventos con amplificación, presentaciones con artistas nacionales o extranjeros, discotecas, karaokes, pubs, peñas, restaurantes, cafés, pizzerías, centros deportivos y espacios con música ambiental. Para los artistas inconformes, la pregunta no es únicamente cuánto se cobra, también qué tan clara es la trazabilidad de esos recursos y bajo qué criterios se determina quién recibe regalías, cuánto recibe y cuándo se hace efectivo el pago.

Luis Vega denunció que incluso se le habría cobrado por usar sus propias composiciones en un evento privado y que, al pedir un desglose formal de sus regalías, recibió una respuesta negativa. Alejandro Delius, vocalista de Quirquiña, afirmó que no ha recibido pagos por sus composiciones en más de dos décadas, mientras que Élmer Hermosa, de Los Kjarkas, también cuestionó públicamente la ausencia de ingresos por concepto de regalías recaudadas a nombre de los autores.

Sobodaycom rechazó las acusaciones, pero aceptó la fiscalización tras denuncias públicas de autores y compositores bolivianos.jpg
Sobodaycom rechazó las acusaciones, pero aceptó la fiscalización tras denuncias públicas de autores y compositores bolivianos

Sobodaycom, por su parte, rechazó las acusaciones a través de su asesor legal, Charly Alborta, quien sostuvo que la entidad actúa dentro del marco legal y aceptó la intervención fiscalizadora. También señaló que algunos cuestionamientos confunden los derechos de autores y compositores con los derechos de intérpretes, que corresponderían a otras sociedades, un argumento con el que la entidad intenta separar su responsabilidad de otros reclamos del sector musical.

El caso escaló al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, que anunció el inicio de dos auditorías a Sobodaycom tras las denuncias públicas. Senapi informó que la revisión se concentrará en verificar la distribución, reparto y entrega de los recursos recaudados, además de revisar el uso y justificación de los gastos administrativos y de funcionamiento. La institución también convocó a autores, compositores, artistas y herederos que consideren vulnerados sus derechos a presentar denuncias formales.

La auditoría, además de aclarar si hubo fallas administrativas o de distribución; también pondrá a prueba la credibilidad de un modelo que, para funcionar, necesita algo tan básico como complejo: que quienes hacen la música puedan seguirle la pista al dinero que esa música genera.

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