Blanco anuncia política de «Cero Tolerancia» ante la corrupción en el sector hidrocarburos

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“No vamos a permitir irregularidades; quienes cometan delitos deberán responder ante la ley. Mi gestión será de cero tolerancia a la corrupción”, afirma Marcelo Blanco, ministro de Hidrocarburos y Energías.

Marcelo Blanco asume Hidrocarburos con la promesa de «limpieza institucional» y una nueva Ley para el sector
El recién posesionado ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco Quintanilla, marcó el inicio de su gestión con un mensaje contundente: su administración se enfocará en la reforma estructural del sistema energético y la aplicación de una política de «cero tolerancia» ante cualquier indicio de corrupción.

Prioridades: Transparencia y Control
En contacto con los medios estatales, Blanco subrayó que su prioridad inmediata es sanear las instituciones bajo su tutela, siguiendo las directrices del presidente Rodrigo Paz Pereira.

“Nuestra gestión no permitirá irregularidades. Aquellos que opten por el camino de la ilegalidad deberán enfrentar con rigor las consecuencias jurídicas”, sentenció la autoridad.

El ministro abordó directamente las denuncias de «sabotaje deliberado» en la calidad de los combustibles mencionadas anteriormente por el mandatario. Al respecto, anunció un blindaje de los controles internos para neutralizar manipulaciones técnicas o prácticas ilícitas que afecten el suministro y la confianza de la población.

Fortalecimiento de las Estratégicas: YPFB y ENDE
Más allá de la fiscalización, el plan de Blanco busca elevar la competitividad de las empresas estatales. El objetivo es que tanto Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) operen bajo estándares de eficiencia de nivel regional, recuperando su rol protagónico en la economía nacional.

Hacia un nuevo marco jurídico
Como pilar de su estrategia a largo plazo, el ministro anunció que impulsará el debate de una nueva Ley de Hidrocarburos ante la Asamblea Legislativa. Esta propuesta legislativa pretende:
Generar cambios de fondo en la estructura energética.
Atraer inversiones mediante un marco jurídico actualizado.
Consolidar una nueva etapa de soberanía y eficiencia operativa.

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